El fiscal Mena Álvarez puso entre la espada y la pared al presidente Zapatero ante la querella de 2006, advirtiéndole del efecto dominó que ello podría suponer. Zapatero ocultó la existencia de 3 fosas comunes con 300 muertos asesinados y enterrados en el Reinado de Juan Carlos I de España.
El siniestro archivo del fiscal Mena Álvarez se compone de informes «B» de espionaje a fiscales y altos magistrados, así como a políticos de derecha. También hay acuerdos económicos de amaños de sentencias, o de acuerdos de corruptelas varias como prevaricación y cohecho. Todo tipo de filtraciones fraudulentas a la prensa oficial. Operaciones de narcotráfico y una red de sicariado con más de mil asesinatos reportados en un fichero de información que se custodiaba en una clínica abortista. Más de 30 mil documentos originales, escritos por sus autores en ese servicio de información, componen el llamado «Expedinet Royuela», sumado a una querella, infinidad de denuncias y 4 periciales caligráficas.
Barcelona a 20 de septiembre de 2020.
Santiago Royuela Samit.
Desde este espacio os iré contando y analizando diferentes aspectos del ya conocido y bautizado “Expediente Royuela”, el cual consiste en más de 30 mil documentos originales, escritos de puño y letra, que constituyen un servicio secreto de información paralela de una red criminal liderada por los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez. En dicho fichero obtenido tras una investigación de más de 25 años, encontramos todo tipo de delitos impensables hasta ahora, perpetrados desde la Fiscalía de Cataluña, entre ellos más de 800 asesinatos reportados. La historia de cómo Don Alberto Royuela se hace con el fichero siniestro del fiscal Mena da para una verdadera película de espías, en las que colaboraron, entre otros, personas como “el fiscal Madero” o el fiscal Eduardo Fungairiño Bringas, ya fallecido.
Pero el Expediente no sólo consta de las notas manuscritas originales que se cruzaban entre los personajes de esta red, sino que hay una larga historia detrás de ella, así como una querella interpuesta por Don Alberto Royuela Fernández en el año 2006 ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra dichos fiscales y otros por más de 32 asesinatos. Dicha querella fue amaña y abortada por la masonería, según se desprenden de las notas que se fueron interceptando a los fiscales Mena Álvarez y Cándido Conde-Pumpido, por parte del fiscal Fungairiño Bringas, que colaboraba con Royuela y le proporcionaba la correspondencia entre el Fiscal del Estado que entendía de la querella, Cándido Conde-Pumpido, y el entonces querellado y fiscal Jefe de Cataluña, José María Mena Álvarez. Al margen de la documentación propia del fichero que Royuela obtuvo a principios del 2006, cuando interpuso la querella pudo hacerse con la correspondencia cruzada entre los fiscales Mena y Conde-Pumpido, quienes tramaban para abortarla. Las mencionadas cartas, constitutivas de delito, se iban aportando a la querella de 2006 en tiempo y forma conforme eran interceptadas desde Madrid, gracias al fiscal Fungairiño, y desde Barcelona, gracias los fiscales Madero y Romero de Tejada. Lean la querella, no darán crédito que ello haya sucedido en España y, sobre todo, recordad las declaraciones de hace pocos meses del magistrado emérito del Tribunal Supremo, Martín Pallín, quien dijo textualmente: <<La justicia española se sitúa a los niveles de Ruanda o Burundi>>.
Todo cuanto os digo que sucedió, pueden ustedes comprobarlo en la misma querella del año 2006 que tenemos subida a la página de internet: javierroyuelasamit.com. Todas estas cartas que os voy a comentar, y muchas otras que no podré por economía en la redacción y no extenderme, fueron aportadas a la misma querella que Don Alberto Royuela Fernández interpuso contra los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez, así como otros policías de esta red criminal, en el año 2006.
Pero primero, vamos a hacernos una composición de lugar en esta larga historia. De un lado tenemos a Don Alberto Royuela, mi padre, quien, tras 25 años de investigación, por motivos muy personales, llega a hacerse con todo un fichero de más de 30 mil documentos originales sobre asuntos realmente delictivos cometidos por fiscales, magistrados, policías, guardias civiles y delincuentes de baja ralea y de alto standing. En dicho fichero, entre muchas otras cosas, aparecen las órdenes concretas y los desenlaces de unos 800 asesinatos perpetrados desde la fiscalía de Cataluña, así de claro y triste; algo realmente difícil de asumir para cualquier ciudadano normal. Curiosamente, entre esos asesinatos estaba el de mi hermano Javier Royuela, asesinado por un sargento de la guardia civil, José Antonio Cano Vidal, quien le suministró una dosis letal de droga adulterada debido a que mi hermano tenía grabadas conversaciones comprometedoras con el sargento; ello sucedió en el año 1993. Los fiscales de Cataluña de entonces, Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez, conocedores del asesinato y todos sus detalles en el desenlace fatídico, decidieron tapar el crimen e incluir al sargento José Antonio Cano Vidal dentro de la red de narcotráfico que ellos dirigían desde la fiscalía de Cataluña. Mi padre y yo no supimos del asesinato de mi hermano Javier, pensando que murió accidentalmente por sobredosis, hasta el año 2006, cuando mi padre se hizo con el fichero secreto y siniestro del fiscal Mena Álvarez, que estaba custodiado en la clínica abortista del doctor Carlos Morín Gamarra.
Conocedor mi padre del asesinato de mi hermano Javier, no dudo en interponer querella criminal por su asesinato en abril de 2006, por el de su amigo Jorge Xurigué y hasta 32 asesinatos más dentro de una operación bautizada como ”Chumi”, en donde el fiscal Mena decide eliminar a más de 30 delincuentes a sueldo de la fiscalía porque “sabían demasiado”. Debido a que el fiscal Mena era Fiscal Jefe del TSJC, la querella se interpuso en el TS por cuestiones de aforamiento. En aquellos años de 2006, el fiscal Carlos Jiménez Villarejo ya había abandonado la fiscalía de Cataluña y la del estado, a la que había pasado posteriormente. De otro lado, estaba Don Cándido Conde-Pumpido y Tourón, fiscal general del estado en aquellos años, quien entendía de la querella que mi padre interpuso en el Tribunal Supremo.
Interpuesta la querella en abril de 2006 contra el fiscal Jefe de Cataluña, Mena Álvarez y su red criminal, éste último no dudó, entre otras muchas acciones que llevó a cabo para frenar esa querella y neutralizarla, en contactar con el fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido Tourón para solicitarle ayuda en la querella. Todo cuanto os digo es lo que sucedió, pero por si alguien dudara, puede consultar la propia querella de la que os hablo.
En el primer contacto que el fiscal Mena establece con el fiscal Cándido, borradores de las cartas que fueron interceptados desde los despachos de las respectivas fiscalías de Madrid y Barcelona, aportados a la querella como podrán comprobar, Mena chantajea a Cándido con la copia de una carta muy comprometedora para Cándido Conde-Pumpido. En concreto, Mena le enseña la carta en donde Cándido Conde-Pumpido, como magistrado del TS en el año 1996, se dirige al presidente de la nación española, Felipe González Márquez, y le dice que le eximirá del juicio de los GAL, todo a cambio de una buena suma dineraria que debía pagar a él y a otros tres magistrados más que entendían del caso y que, sus ministros Barrionuevo y Vera no correrían la misma suerte, siendo condenados a penas ejemplarizantes. La carta, mecanografiada y con el membrete oficial del entonces magistrado Cándido Conde-Pumpido, con su firma, fue interceptada en Madrid y aportada a la querella de Don Alberto Royuela, pues el fiscal Mena estaba solicitando tratos de favor como querellado al fiscal del Estado chantajeándolo con sus trapos sucios, cuando encubrió al presidente González, la famosa x de los GAL que, como demuestra la carta, lo fue gracias al entonces magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón.
El asunto, como comprenderán, no era muy normal, creo que iba más lejos de lo que pueda ser “la justicia de Burundi y Ruanda”, pues en esa querella se estaba acusando a un fiscal de 32 asesinatos, tráfico de drogas, cohecho, prevaricación, extorsiones y un largo etcétera. Pero no sólo era eso, sino que el querellante, Don Alberto Royuela, aportaba en tiempo y forma dicha carta que hemos comentado y otras que comentaremos, cosa que, de ser una carta falsa, hubiesen procesado automáticamente a mi padre. El asunto era surrealista, pues los magistrados del Supremo, entre ellos el Señor Martín Pallín, pudieron leer la carta de Cándido al presidente González y la de Mena a Cándido, en la que le chantajeaba a cambio de ayuda en la querella con la mencionada carta que desvelaba la “X” de los GAL. Acompañada a estas cartas, se aportó a la querella también la carta contestación del fiscal Cándido al querellado fiscal Mena, en la que Cándido le prometía su ayuda, diciéndole que no hacía falta que le coaccionara con su pasado, que su situación era mucho peor y que le alegraba ver a otros compañeros con cargos de conciencia a sus espaldas perores que el suyo. Como textualmente le dijo el fiscal Cándido Conde-Pumpido al fiscal Mena: << No es nada habitual que a un fiscal se le acuse de asesinato, tráfico de drogas, tráfico de influencias, coacciones, etc.>>.
Como esta historia es bastante larga y da para un guion de película de Hollywood, os dejaré con el contenido de otra carta que el fiscal Mena Álvarez dirigió al entonces fiscal del estado, Cándido Conde-Pumpido, también aportada a la mencionada querella por parte de Don Alberto Royuela y que dice textualmente:
Amigo Cándido:
Vuelvo a insistirte en la necesidad de Convencer a la Sala de la peligrosidad de Royuela. Sólo cargando tintas sobre él, podré lavar yo mi imagen. Cierto es que tuve conocimiento del fallecimiento de su hijo Javier en fatales circunstancias, que propició el también querellado Cano Vidal. Pero la verdad, me enteré cuando ya estaba todo hecho y no tuve más remedio que dar cobertura al amigo de mi amigo Ruiz.
Además, individuos como Royuela no merecen que nadie mueva un dedo a su favor ¿O no estás de acuerdo?
Hago más viajes a Madrid que un tonto. Pero temas personales que resolver a niveles que nada tienen que ver con este asunto.
Convence a la Sala. Que Pallín se mueva. Que no hace nada, coño!.
Queridos lectores, Martín Pallín era magistrado del TS y entendía de la querella interpuesta por mi padre, luego se atreve a salir públicamente diciendo que la justicia española ha llegado a los límites de las de Burundi y Ruanda ¡o tal vez las superó con ustedes en el circo de nuestra justicia! Seguiremos con el asunto de la querella de 2006…
Santiago Royuela Samit
17 de octubre de 2020
El represaliado Juez Fernando Presencia ha denunciado y pedido al Consejo general del Poder Judicial que se investiguen las cartas atribuidas a Cándido Conde-Pumpido. Son las misivas que aportó Alberto Royuela a la querella de de 2006 contra el fiscal Mena Álvarez.
Explicamos con anterioridad que el fiscal mena coaccionó a Conde-Pumpido con una carta por la que este último eximía como magistrado del tribunal Supremo a Felipe González en el caso de los GAL, previo pago de una suma pactada y extensiva a otros tres magistrados de aquella Sala.
De momento, para mayor caridad, esta vez no citaremos de la querella de 2006 y la figura del entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Seguimos.
El magistrado juez Fernando Presencia presentó la semana pasada una denuncia exigiendo que se investiguen dichas cartas, pues obran en un documento público. Pública es la famosa querella de 2006 contra los fiscales José María Mena Álvarez y Carlos Jiménez Villarejo. Entre otras razones, al margen de la gravedad del asunto, el juez cita Directivas de la Unión Europea publicadas a finales de 2019. En ellas se ampara el derecho a denunciar la corrupción, pasando a ser un Derecho Fundamental (ya no una mera obligación) dentro del marco de la libertad de expresión y de información.
Por el contrario, en nuestro Derecho nacional, el denunciar un delito era un deber que, de no demostrarse, se vuelve en contra del denunciante. Casualmente esta es la jurisprudencia cocinada y sentada por el propio Cándido Conde-Pumpido Tourón.
Antes de detallar los atropellos cometidos por turbios miembros de la Justicia contra el juez Fernando Presencia, aclaro que al hijo de Conde-Pumpido se le hizo el tiempo corto para dejar al magistrado un mensaje de voz en su teléfono. A juzgar por su contenido, intenta jugar con la conciencia del magistrado Fernando Presencia, negando la autenticidad de la firma de su padre. Si bien, por lo que hemos comprobado, existen varias y diversas versiones. Ambos ya se conocían por causa de otros temas profesionales. El hijo negaba ¿Un miente, por si acaso, que algo queda?
El hijo de Conde-Pumpido saltó lógicamente en inquebrantable defensa de su progenitor, negando (repito) la autenticidad de las firmas y preguntando con qué intenciones realizaba el magistrado las acciones ante él CGPJ, esas que él mismo vería. Pero el mensajito no acaba ahí, le espeta que “no tenía vergüenza alguna.” Por lo visto, el concepto de vergüenza resulta muy difuso para el angustiado hijo. Denunciar un delito es algo perseguido por la Justicia y resulta intolerable que el denunciante reciba dudosas llamaditas del entorno familiar del denunciado. El mensaje del hijo de Conde-Pumpido al Juez Fernando Presencia puede verse en mi canal de Youtube: Santiago Royuela Samit.
En el vídeo le recuerdo al cabreado hijo quién es su padre y todo lo que hizo para amañar la querella que interpuso mi padre en el año 2006 contra su colega Mena Álvarez por asesinato, narcotráfico, extorsiones y prevaricación. En el vídeo, como veremos en otros capítulos dedicados a la famosa querella de 2006, Conde-Pumpido y Mena Álvarez proponen acciones como la de sobornar o asesinar al perito caligráfico de Austria que mi padre contrató para el caso, o la de ocasionar destrozos en las propiedades inmobiliarias de mi padre y su abogado, Sr. Sauqué.
¿Quién es el Juez Fernando Presencia?
Es un juez represaliado por denunciar a jueces y fiscales que se dejaban sobornar en Talavera de la Reina. El resultado han sido 5 querellas contra él, 20 expedientes disciplinarios, 3 detenciones, 20 años de inhabilitación -la mayor de la historia de la “democracia” española- y 7 meses de prisión, que todavía no son firmes ante el recurso interpuesto.
Todo ello por denunciar la corrupción del deficiente jurista presidente del TSJ de Castilla la Mancha, el desequilibrado Vicente Rouco, que le persigue a muerte desde hace años. Por si todo esto fuera poco, solicitan una injusta pena de 8 años de prisión por denunciar al fiscal decano adscrito a la demarcación territorial de Talavera de la Reina por soborno. El juicio mediante el que pretenden materializar esta nueva REPRESALIA se celebrará el próximo 22 de octubre de 2020, a las 11:00 en Talavera de la Reina. La artífice del asunto es una jueza denunciada varias veces por el juez Presencia. Es recusable por tal motivo y por su falta de imparcialidad demostrada y demostrable.
Santiago Royuela Samit
